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La VPO y el TRIANGULO DE LAS BERMUDAS

Tan sólo dos de las parcelas destinadas a VPO por el Ayuntamiento de Logroño, y envueltas en la polémica de la negativa del equipo de Gobierno (PP) y los promotores a hacer público el listado de adjudicatarios, cuantan a día de hoy con licencia. Son las ubicadas Portillejo, que la obtuvo en marzo, y la de Fardachón (en febrero); mientras que las situadas en La Cava, Pedregales y las dos de Calleja Vieja -en el Casco Antiguo- continúan sin solicitar o obtener la correspondiente licencia de obra. Se da la circunstancia que en este tiempo operan ya con licencia más nuevos pisos turísticos en el Casco Antiguo que la vivienda protegida iniciada.

 

La Vivienda de Protección Oficial nació con un objetivo claro, garantizar el acceso a una vivienda digna a quienes más dificultades tienen para acceder al mercado libre. Por eso, cualquier proceso de adjudicación pública exige no solo legalidad, sino también transparencia, control y confianza ciudadana. En Logroño, la reciente adjudicación de 104 pisos protegidos ha quedado envuelta en un clima de oscurantismo que ha despertado críticas, sospechas y malestar entre vecinos, colectivos sociales y buena parte de la opinión pública. La sombra de lo sucedido en Alicante, donde altos cargos del propio Ayuntamiento -políticos y funcionarios- obtuvieron la adjudicación de viviendas protegidas puede surgir en la capital riojana ante la falta de información.

 

Entre 2001 y 2007, el Ayuntamiento de Logroño, también gobernado entonces por el PP, adjudicó cerca de 2.000 viviendas protegidas y en todos los casos se produjo un sorteo público de las VPO entre los solicitantes ante notario, y una entrega de llaves también pública. Los adjudicatarios era conocidos ya que se trataba de viviendas protegidas públicamente y construidas sobre suelo municipal.

Hoy, como entonces, no podemos perder la perspectiva de que el acceso a la vivienda en el mercado libre presenta enormes dificultados para una gran parte de los logroñeses. El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja subió en abril un 2,4% en su variación mensual y un 11,2% en su variación interanual, lo que situó el precio medio de las viviendas ofertadas en abril en 1.889 euros por metro cuadrado. Si hablamos del mercado de vivienda nueva al precio por metro cuadrado en abril se situaba ya en Logroño en 2.384 euros. Así lo refleja el Índice Inmobiliario del portal Fotocasa, que establece como precio medio para una vivienda de segunda mano de 80 metros cuadrados en La Rioja los 151.102 euros en abril. 

 

La polémica en Logroño no gira únicamente sobre el continúo incremento del precio de la vivienda, sino en torno a una pregunta básica que todavía no tiene respuesta pública: ¿quiénes han sido los adjudicatarios de los pisos de VPO?

 

Ni el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño (PP), ni el alcalde, Conrado Escobar, han ofrecido explicaciones detalladas sobre la identidad de las personas beneficiarias -más allá de aludir a la protección de datos- ni sobre los criterios concretos de selección aplicados en cada expediente. Tampoco se ha producido una comparecencia pública amplia que permita despejar dudas sobre el proceso. Al menos no del alcalde. En una entrevista reciente en El Día de La Rioja, Escobar ponía en duda que alguien en la capital riojana piense que ha sucedido algo parecido a lo ocurrido en Alicante. "Pero quién piensa qué es cómo lo de Alicante? ¿Por qué nos empeñamos en ocurecer lo que es transparente?" y aludía a los técnicos municipales como garantes del proceso en todo su recorrido de las viviendas protegidas.

 

En cambio, las dudas y sospechas no se disipan. Distintas voces en la ciudad consideran que, tratándose de vivienda protegida promovida con participación pública o bajo supervisión administrativa, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se han adjudicado esas viviendas y bajo qué controles.

 

Un muro de silencio también de los promotores y constructores

Las críticas no se dirigen únicamente al Ayuntamiento. También alcanzan a promotores y constructores implicados en las promociones, así como a los representantes del sector agrupados en la CEPAR de la FER. Para muchos ciudadanos resulta llamativo que todas las partes implicadas mantengan un discurso prácticamente idéntico sobre la defensa cerrada del procedimiento y la ausencia de explicaciones públicas detalladas, mientras niegan el listado de los adjudicatarios de las 104 viviendas de protección oficial.

 

El debate político se infló durante unas semanas pero ya se sabe que el globo de la actualidad se pincha pronto y pasa a otro tema, aunque el oscurantismo sobre el listado de adjudicatarios de las viviendas protegidas continúe.

 

El concejal socialista Iván Reinares denunció en declaraciones recogidas por diferentes medios riojanos que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha decidido “renunciar al sorteo ante notario” y dejar la adjudicación “en manos de las empresas de cada promoción y sin que nadie conozca los criterios”. (nuevecuatrouno.com).

 

El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha trasladado la situación al Defensor del Pueblo, aunque aún no existe un dictamen al respecto. Del mismo modo, Reinares ha explicado a SPOONFUL Magazine que desde el grupo municipal ha solicitado al grupo parlamentario socialista en el Parlamento de La Rioja que solicite información al Gobierno de La Rioja -responsable de la gestión del Instituto Riojano de la Vivienda- de cada uno de los expedientes de adjudicación de vivienda protegida, así como si se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida que deben cumplir los edificios.

 

También, desde POR LA RIOJA exigieron al alcalde de Logroño la publicación del listado de adjudicatarios; una petición a la que se sumó el portavoz socialista, Luis Alonso, que acusó al Gobierno local de mantener “silencio y cero aclaraciones” sobre el proceso". (cadenaser.com).

 

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, definió el asunto como “linchamiento político”. Durante un pleno municipal sobre vivienda y aseguró que la oposición está instalada en "el bulo, elruido y el linchamiento”, defendiendo que el Ayuntamiento ha optado por “hechos, certezas y compromisos” en materia de vivienda, tal y como recogía Rioja2/eldiario.es.

 

Por su parte, la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, ha defendido reiteradamente la legalidad del modelo impulsado por el Gobierno municipal, argumentando que los procedimientos fueron incluidos en los pliegos y publicados oficialmente. Desde el equipo de Gobierno se insiste en que las promociones cumplen la normativa vigente y que las adjudicaciones corresponden a las empresas promotoras dentro del marco legal establecido, así lo explicó en la Cadena SER.

 

Sin embargo, las explicaciones ofrecidas no han servido para rebajar las dudas al mantenerse oculto el listado de adjudicatarios. Buena parte de la polémica se centra precisamente en la decisión de eliminar el tradicional sorteo público ante notario, dejando en manos de las constructoras la selección final de adjudicatarios.

 

Meses después, la sensación que transmite el proceso de adjudicación de las 104 VPO es que tanto el alcalde Conrado Escobar, como los promotores y la CEPAR cierran filas ante las peticiones de información, provocando una desconfianza creciente y, problablemente, innecesaria. La publicación del listado de adjudicatarios acabaría con las dudas y sospechas de un proceso de construcción de 104 viviendas protegidas que debiera ser una buena noticia para la ciudad.

 

En una ciudad del tamaño de Logroño, donde la demanda de vivienda asequible es creciente y donde cientos de jóvenes y familias afrontan enormes dificultades para emanciparse o acceder a un alquiler, la adjudicación de Vivienda Protegida debería convertirse en un ejemplo de claridad institucional. 

 

La protección de datos no puede ser una coartada política

Expertos en transparencia pública recuerdan que la protección de datos personales es compatible con mecanismos de rendición de cuentas y transpariencia pública. Existen fórmulas para garantizar anonimato parcial, publicación de baremos, puntuaciones, listas codificadas o auditorías independientes que permitan verificar que los procesos se han realizado correctamente. Del mismo modo, que cada miércoles tras la Junta de Gobierno, el equipo de Gobierno informa de empresas adjudicatarias de obras y proyectos; colectivos y asociaciones que realizan inciativas, y personas públicas que reciben, por ejemplo, ayudas y subvenciones de diferente condición.

 

En definitiva, lo que critican muchos vecinos de Logroño es la ausencia de información suficiente para comprobar que no existen privilegios, favoritismos o adjudicaciones discutibles. Porque cuando no hay información, aparecen inevitablemente las sospechas. Ya se sabe: La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo.

 

El hermetismo del alcalde al no revelar quienes son los adjudicatarios de las 104 VPO provoca que la polémica adquiera además una dimensión especialmente sensible porque afecta a uno de los principales problemas sociales actuales, el acceso a la vivienda.

 

Mientras el precio de compra y alquiler sigue creciendo en Logroño, la Vivienda Protegida se convierte en un recurso escaso y altamente demandado. Precisamente por ello, cualquier percepción de falta de transparencia tiene un impacto político y social inmediato de grandes dimensiones. Un buen número de logroñeses ha denunciado llevar varios años en las listas de solicitud de VPO del IRVI y no haber sido llamados para optar a las nuevas 104 VPO en Logroño.

Los logroñeses que se han manifestado -principalmente quienes se encuentran en las listas del IRVI desde hace años- y exigen poder confiar en que las adjudicaciones han sido limpias, objetivas y ajenas a cualquier trato de favor.

 

La transparencia es básica en los procesos de adjudicación público. Quizá ya no valga con asegurar que todo es correcto. Siguen sucediendo situaciones como la de Alicante, cuando la propia concejala de Urbanismo, los hijos de la jefa del Área de Contratación y un arquitecto municipal, incluso el propio gerente de una de las promociones, fueron adjudicatarios de las viviendas protegidas./J.M.